Amparados en la Ley de Seguridad, militares decomisan animales y productos a indígenas de Chiapas

Habitantes de unas 120 comunidades aseguran que desde 2010 no gozan con la libertad de tránsito por parte de policías y militares. Por ello desde hace años temen a las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.

Andrea Vega/Animal Político/marzo 22 2018 11:27. El 16 de febrero pasado, en el Crucero El Tulipán, en la carretera federal Tenosique – Emiliano Zapata, Tabasco, a las 19:00 horas aproximadamente, 40 militares, al mando del coronel Pedro Larios, decomisaron 238 animales de tres jaulas con ganado procedente de Palenque, Chiapas, con el pretexto de que “el hato era ilegal y traído de Guatemala”, denunciaron integrantes de la Organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), de Chiapas.

A pesar de que los campesinos mostraron las guías de procedencia, los militares incautaron el ganado, propiedad de tres comunidades, y lo trasladaron a Tenosique, en Tabasco. “Pobladores de allá dicen que ahí acostumbran hacer este tipo de malicias, de quitar el ganado y hacerlo perdedizo”, denunció Crispín Zebadúa Gómez, representante de la organización de pueblos autónomos de Chiapas, en entrevista con Animal Político.

Azalea Hernández, del área de Comunicación del Frayba, dijo hay un incremento de la militarización en Chiapas y zonas aledañas después de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

“Hemos tenido denuncias de la zona selva y frontera de un incremento de las incursiones militares, en lugares donde antes el ejército estaba contenido”.

Estas incursiones, agregó Hernández, “están generando denuncias como la de ahora, en la que posiblemente militares estén implicados en el robo de ganado. Pero también hay otros abusos, una mujer indígena de la zona norte nos reportó que los militares le querían cobrar una multa de 20 mil pesos por no decomisarle una mercancía que llevaba. Éstas son acciones arbitrarias que el ejército está realizando de manera cotidiana, amparándose en la Ley de Seguridad Interior”.

En conferencia de prensa, Francisco Javier González, secretario general de la organización de pueblos autónomos recordó que en años anteriores en la carretera federal Palenque Benemérito de las Américas, los pobladores de las comunidades transitaban con sus productos del campo a la cabecera municipal de Palenque.

“Podíamos transitar con los productos solo con constancias expedidas por las autoridades de nuestras comunidades, los policías y militares las tomaban como válidas, eso cambió desde 2010 y ahora ya no tenemos esa libertad de tránsito porque los permisos se tienen que obtener con el municipio y pagando guías en Hacienda”. Para los pueblos originarios ese tipo de trámites implican gastos y traslados que no pueden costear.

La vocera del Frayba aseguró que cuando los pobladores acuden a denunciar los decomisos de sus productos, los ministerios públicos o las fiscalías no reconocen a las comunidades indígenas los documentos que presentan y que están avalados por sus autoridades.

González recordó que justo por eso se creó, en septiembre pasado, la organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres, integrada por 120 comunidades y ejidos tseltales, choles, tsostiles, zoques y mestizos, para exigir que se respete el derecho de las comunidades al libre tránsito y a regirse bajo sus propias autoridades.

Cerco a la comunidad
Ante la negativa de las autoridades civiles y militares de devolver los animales incautados el día 16, en el Crucero El Tulipán, en la carretera federal Tenosique – Emiliano Zapata, Tabasco , a partir del 21 de febrero, por acuerdo comunitario, la organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres realizó manifestaciones pacíficas y repartió volantes en los tramos carreteros el Tulipán, Tabasco y Chancalá, Chiapas.

Durante una de sus acciones de protesta, la organización retuvo a una persona que les tomaba fotos, quien se identificó como Ezequiel López López, originario de Puebla. “Le preguntamos –aseguró Crispín Zebadúa– para quién eran las fotografías, lo revisamos y le encontramos una credencial vigente del ejército y una libreta con nombres de dirigentes sociales y mapas y rutas de traslado de ganado”.

La Organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres trasladó a Ezequiel López López a la comunidad Ángel Albino Corzo de Palenque, Chiapas. “El mayor Moysés Azcaño Zapot, el sargento segundo Daniel Peralta Flores y el soldado Guillermo Zarao Bermudez llegaron al lugar para negociar la liberación de Ezequiel y se quedaron de manera voluntaria”, aseguró Zebadúa.

Mientras estaba el proceso de diálogo, prosiguió, el ejército inició un cerco a la comunidad: unos 200 militares provenientes de Tenosique, Tabasco, arribaron a las inmediaciones, cortaron los accesos, así como la comunicación al exterior, la energía eléctrica y se apostaron en posición de ataque para ingresar, a la vez que desplegaron una campaña mediática de desprestigio en contra de la organización.

Fue hasta el 24 de febrero cuando las autoridades de gobierno liberaron el ganado decomisado y firmaron un acuerdo donde se estableció que no habría represalias. Después de estos hechos, las comunidades y ejidos de la Organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres de Palenque han reportado mayor vigilancia y patrullajes militares en la región, así como un incremento de retenes intermitentes de elementos del Ejército mexicano.

El Centro Frayba reportó que las comunidades de pueblos originarios en la zona norte fronteriza de Chiapas viven en constante tensión, no solamente porque no pueden transportarse libremente sino porque tienen temor de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. “Es alarmante el incremento de los posicionamientos militares en los municipios de Palenque, Ocosingo, y en las regiones fronterizas del estado de Chiapas, lo que está ocasionando impactos psicológicos hacia las comunidades mayoritariamente indígenas”.

Ante esto, el Frayba reiteró que la implementación de la Ley de Seguridad Interior asegura la continuidad y profundización de la violencia, la agudización de la crisis de derechos humanos, así como de la impunidad. La organización exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional al “cese de los actos ilegales de hostigamientos, intimidaciones, amenazas y criminalización a quienes se organizan de manera pacífica en la construcción de alternativas de vida y a que respete los derechos colectivos de los pueblos originarios”.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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