Guerra de acusaciones por la masacre de la cárcel de Acapulco

El asesinato de 28 personas en una prisión mexicana alumbra de nuevo el caos del sistema penitenciario. Es la sexta matanza del Gobierno de Peña Nieto

PABLO FERRI/El País/México 8 JUL 2017 – 22:16. Abonados al discurso de ‘la culpa no es solo mía’, el Gobierno de México y el del Estado de Guerrero tratan de imponer su relato en la masacre de la cárcel de Acapulco. Este jueves, 28 internos murieron en el penal de la ciudad costera. Los mataron otros reos a cuchillazos, navajazos, tablazos. En entrevista con El Sol de México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, desvelaba que los asesinos usaron incluso un arma de fuego.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, del PRI, ha explicado estos días que en el penal de Acapulco “no tendría que haber reos de alta seguridad, porque no está en condiciones de atenderlos”. El mandatario decía también que no hay dinero para hacer las mejoras necesarias, entre ellas, “arreglar paredes, puertas, pisos y drenajes”.

En su entrevista, Osorio, también del PRI, “exhortó” a los gobernadores a que mejoren “las condiciones de los reclusorios y que se apliquen los recursos federales que se les da para atender los penales”.

Las redadas policiales son más o menos habituales en el penal de Las Cruces, pero aun así, los atacantes se hicieron con cuchillos, navajas, útiles de construcción e incluso un arma corta calibre .38. Osorio dijo que el Gobierno federal ayuda a los estados en las redadas, pero “si hay corrupción y dejan pasar cosas…”.

La matanza muestra de nuevo el desastre del sistema penitenciario en México, colapsado por el hacinamiento, la corrupción y el control de los presos sobre la autoridad. La de Acapulco es la sexta masacre en lo que va de sexenio. El año pasado, 49 internos murieron en un enfrentamiento entre grupos rivales en una cárcel de Monterrey. En 2014, otros nueve perdieron la vida en la prisión de Iguala, también en Guerrero. En 2013 hubo dos casos, uno con siete muertos en Tamaulipas, en el norte y otro con 13 y 60 heridos en San Luis Potosí. En diciembre de 2012, días después de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, 24 presos morían durante un motín en Durango.

La mayoría son cárceles de rango medio, dependientes de los Gobiernos estatales, pero es el Gobierno federal el responsable de la política penitenciaria. Uno de los mayores ridículos del mandato de Peña Nieto, la fuga de El Chapo Guzmán, ocurrió precisamente en una prisión federal.

Los detalles empiezan a aflorar tres días después de la matanza. Astudillo ha informado de que el ataque duró entre una hora y una hora y cuarto, de la 4.00 a las 5.00 o 5.15 de la mañana. Pero las autoridades no retomaron el control del centro hasta las 9.00. Hicieron falta 250 policías para recuperar el edificio. Ir con menos, dijo el Gobernador, hubiera sido riesgoso. Astudillo elevó además de tres a 11 el número de internos que organizaron el ataque.

En las últimas horas se ha sabido también que el gobierno del estado ha destituido al director del penal, investigado por lo ocurrido. Tres custodios fueron igualmente arrestados. Al parecer, habrían facilitado el ataque, aunque de momento se ignora si participaron en algo más.

El diario Reforma informaba este sábado de un detalle macabro. Los atacantes, integrantes de una de las bandas que controla el tráfico de drogas en Acapulco, asesinaron a los demás en medio de un ritual en honor a la santa muerte. La nota no indica si los feligreses eran las víctimas o los victimarios. Reforma apunta también que el arma usada en la refriega no es nada comparada con el arsenal de que disponen las bandas del penal. Según una “denuncia anónima conocida por las autoridades”, en el centro había todo tipo de armas, e incluso explosivos. Después de lo ocurrido, continúa, “los custodios las escondieron en las áreas de carpintería y sastrería”.

La fiscalía del estado, comandada por Xavier Olea, continúa con las investigaciones. La matanza del penal se suma a la montaña de problemas y situaciones que su oficina no acaba de resolver. La fiscalía tiene frentes abiertos en casi todas las regiones del estado. Chilpacingo, la capital, y Acapulco, se desangran en la peor ola homicida de los últimos años. La Tierra Caliente vive atemorizada por la banda de Los Tequileros, capaces de burlar el cerco impuesto por las autoridades desde hace meses. En Chilapa y demás pueblos limítrofes con los plantíos de amapola, la situación no es mejor. En febrero, siete jinetes desaparecieron mientras pasaban por uno de estos municipios. Iban a una feria de charrería en Tierra Caliente y desaparecieron antes de llegar. No se ha vuelto a saber de ellos.

En una entrevista con EL PAÍS, el propio Olea explicaba que no tenía “capacidad para enfrentar al crimen”. La masacre de la cárcel de Acapulco apunta a que las autoridades no pueden enfrentarlo siquiera en prisión.

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