Impunidad de Higa y OHL con Eruviel… se acaba si gana la oposición

Por Daniela Barragán/SinEmbargo/mayo 6, 2017 10:00 pm. En el primer mes de campaña, las dos aspirantes mujeres a gobernar el Estado de México han advertido que de llegar al Palacio de Gobierno, en Toluca, ordenarán abrir los expedientes relacionados con Grupo Higa y OHL de la administración encabezada por Eruviel Ávila Villegas y también de las dos anteriores –la de Enrique Peña Nieto y la de Arturo Montiel Rojas–, ya que fue con ellos con quienes esos lazos crecieron.

Hasta hoy, las tres administraciones han logrado salir bien libradas de muchos de los casos de corrupción que persiguen al actual Presidente y a su grupo de colaboradores más cercano y, en gran medida, eso obedece a que el Estado de México ha sabido manejar a su manera el acceso a la información y la transparencia. De acuerdo con académicos entrevistados por SinEmbargo, abrir los archivos de Eruviel, Peña Nieto y Montiel ayudaría a entender gran parte de la tragedia nacional, pero eso sólo sucederá si el PRI pierde en la elección de junio próximo y quien llegue se comprometa a romper el pacto de impunidad que ahí perdura.

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).– A finales de 2014, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto ya cargaba con los señalamientos por la “casa blanca”, los reflectores comenzaron a posicionarse en el Estado de México, entidad donde nació la relación con el empresario Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y también de la polémica casa de Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.

Meses después, ya en 2015, el escándalo que poco fue permeando al Gobierno del Estado de México, ahora en manos de Eruviel Ávila Villegas, despertó aún más curiosidad por saber por qué OHL era una empresa tan poderosa. Ese crecimiento salpicó de nuevo a Peña Nieto y también a su tío y ex Gobernador de la entidad mexiquense, Arturo Montiel Rojas.

Hasta la fecha, la plataforma de transparencia del Estado de México nunca ha sido parte de la plataforma de transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ni tampoco de la fallida Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a pesar de que se convirtió en una obligación para los estados adecuarse a esta desde mediados de 2016.

Si una persona quiere ingresar una solicitud de información, lo tiene que hacer a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex).

De acuerdo con varias mediciones, esta es una de las mejores plataformas del país y coloca al Estado de México como uno de los mejores en transparencia y acceso a la información. Sin embargo, pareciera que las buenas prácticas se limitan sólo a cierto tipo de información, porque si se quiere acceder a contratos y gastos realizados, por las dos administraciones anteriores, es imposible.

Y la respuesta a estas solicitudes es: “Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información que generen en el ejercicio de sus atribuciones”.

Esa fue la respuesta de la Coordinación General de Comunicación Social a la solicitud que requería información sobre los gastos de publicidad efectuados a lo largo de la administración de Peña Nieto en la entidad mexiquense, desagregados por medio de comunicación, montos, campaña y fecha.

Sin embargo, previo a esta respuesta, hubo dos solicitudes de información que tuvieron respuestas inconsistentes. La primera fue realizada a la Coordinación General de Comunicación Social y se obtuvo una respuesta que dirigía a la Secretaría de Transporte, cuando la solicitud pedía informe de gastos que son efectuados por esta Secretaría.

La respuesta a la solicitud que se envió a Transporte, refirió de nueva cuenta a la Comunicación Social del Estado de México.

Finalmente, la última respuesta fue que la información solicitada no se había encontrado, ya que corresponde a la administración anterior.

En entrevista con SinEmbargo, el doctor Daniel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que ese tipo de respuestas muestran un serio problema porque hay una Ley de Documentos Administrativos e Históricos en el Estado de México que evidentemente no se está cumpliendo.

“Si bien es cierto que los gobiernos tienen una duración sexenal, también es cierto que hay un traslado de archivos de información de un Gobierno a otro en término de las actas entregadas y que los servidores públicos tienen la obligación de transferir a sus iguales […] El negar el pasado es preocupante porque tanto la Ley General de Transparencia, como la correlativa estatal, sí establecen de manera muy clara que en la PNT se deben colocar cierto tipo de archivos. Una administración pública ordenada no debería tener un problema en dar información de documentos históricos desde que la nación existe y los tienen hasta el momento actual”, comentó.
Desde su perspectiva, el acceso a la información de administraciones anteriores cobra sentido cuando muchos de los casos de corrupción federales nacieron en el Estado de México.

Por su parte, la doctora Ivonne Acuña, académica de la Universidad Iberoamericana, destacó que el asunto de la transparencia tiene mucho que ver con el manejo de los recursos públicos y las dudas de cómo usan los gobernadores los recursos públicos. Esto es mayor, agregó, en años electorales.

“No sabremos hasta el año que entra si se pueden captar algunos desvíos de recursos y a partir de una investigación de la ASF y de instituciones privadas que se manejan al estudio de manejo de recursos en los Estados, ya nos enteraremos, pero bueno, es claro que el candidato Alfredo Del Mazo, al ser del mismo partido que Eruviel Ávila, está haciendo un uso excesivo de recursos aunque ellos lo nieguen. El problema es que parte de esos recursos están saliendo del propio Estado, otra parte importante puede venir de la Federación, pero el mayor problema en los Estados es el manejo de los recursos y que justamente detonan escándalos como el de Javier Duarte, César Duarte, Borge”, explicó Acuña.
A inicios de 2015, el Gobierno estatal desapareció la Secretaría de Transporte para dar paso a una estructura compuesta por siete dependencias que quedan a un mismo nivel. Ahora, en su lugar, aparecieron la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, la Secretaría de Comunicaciones, el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico, y la Junta de Caminos del Estado de México.

A pesar de eso, en los últimos años la consultoría ARegional ha destacado los niveles de transparencia del Estado de México en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas. Ahí, el Estado de México obtiene puntuaciones de 96 punto de 100 posibles, le siguen Puebla y Jalisco.

De acuerdo con el doctor Márquez, esta buena calificación podría obedecer a diversos factores. De acuerdo con los números, hay 16 millones de habitantes en el Estado de México y solo 28 mil 819 solicitudes de información, lo que significaría una desproporción significativa entre quienes solicitan este derecho de acceso a la información en el Estado y quienes habitan en esa entidad.

Otro indicador es el presupuesto del Instituto encargado del acceso a la información, que para 2016 se le otorgaron 64 millones y en 2015, 36 millones. Así habría que ver hasta dónde esos 100 millones de pesos expresan una proporción real con esas 28 mil 819 solicitudes de información.

“Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, estamos hablando de un total de 200 millones de actos de corrupción y hablamos de un gasto de 165 pesos por hogar en materia de corrupción y de un indicador de 14 por ciento del ingreso por hogar en gatos de corrupción. Si lo comparamos con las 28 mil 819 solicitudes de acceso que tiene el Edomex, tendríamos que ver hasta dónde efectivamente en el Estado de México se está entendiendo de manera clara el tema del vínculo entre transparencia y combate a la corrupción”, agregó Márquez.

EL RESULTADO ELECTORAL

De acuerdo con la doctora Acuña, la cerrazón terminará sólo si el PRI pierde la entidad y si quien llegue tiene la completa disponibilidad e interés de investigar los casos de presunta corrupción.

“A esta administración se le atribuyen muchos de los negocios con Higa y OHL, que han perseguido a la administración federal y ahora se le reprocha a Del Mazo. Son casos muy importantes de corrupción a los que se les tiene que seguir la pista, pero se reserva la información por varios años, hay todo un pacto estatal y federal para guardar información. No nos dejan abrir esos casos y que salgan todos los implicados”, dijo.
Aseguró que ese pacto podría continuar en caso de que el PRI se mantenga en el Estado de México, “vamos a ver también quién llega a la presidencia en 2018 y veremos la relación que mantendrá con los gobernadores y quien quede en el Edomex. Hasta ahora sólo hemos tenido una alternancia a nivel federal y ese pacto de impunidad se mantuvo. Habrá que ver si llegando un partido diferente a la Presidencia o en el Estado de México, qué tanto puede romper el pacto de impunidad”.

Entonces el acceder a la información de Peña Nieto y Arturo Montiel dependerá por completo de quién gane las elecciones y qué tan interesado esté en abrir esos archivos y en hurgar, pero insistió en que siendo un estado que ha sido gobernado tantos años por el PRI, habrá experiencia en guardar información.

“Será interesante quién gane las elecciones y con qué capacidad y con qué voluntad llegue para investigar actos de corrupción en administraciones anteriores”, agregó.

“No dudo que el estado esté comprometido con la transparencia, pero quizás una gran parte de la tragedia está asociada con toda la información que se nos oculta a los ciudadanos, toda la que es reservada o confidencial, porque mucha de esa información nos ayudaría a entender por qué se generan cierta clase de actos de gobierno y daría certeza al ciudadano de que se hace lo correcto en la materia”, concluyó el doctor Márquez.

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