La farsa del “nuevo modelo educativo”

Parte I. “El Estado no sólo debe dedicarse a ofrecer “conocimientos claves” para la actualidad…”, señala Carlos Herrera de la Fuente.

Por Carlos Herrera de la Fuente*

Redacción ANmayo 7, 2017 6:10 pm. Si un día, dentro de mucho tiempo, algún valiente investigador social se atreviera a realizar una arqueología de la catástrofe mexicana de los últimos treinta y cinco años, y quisiera hacerse de una imagen fehaciente que resumiera el conjunto de calamidades y desgracias que ésta encierra, tal vez no habría nada mejor que recomendarle, que echar un vistazo a la situación actual de la educación en el país.

Imposible superar esa amalgama de errores y fracasos, ese cúmulo de desinterés y abandono, de corrupción y mala fe, de indolencia e incompetencia, de fraudes, robos, violencia, desatención y desamparo. ¿Qué pecado capital no ha cometido el Estado en su afán por desatenderse de su responsabilidad como garante de ese derecho constitucional? ¿Qué alianza maligna no ha firmado con tal de contener la ira social que se acumula a diario en las aulas, en los bolsillos de los profesores y en los hogares de los condenados a una cultura mediocre y sin opciones? ¿Qué pacto no ha establecido con tal de ahorrarse unos cuantos pesos para ocuparlos en el pago de la deuda externa o en el apoyo a empresarios y banqueros?

Por supuesto, dicho investigador tendría que ser precavido con las cifras que indican una cobertura casi universal de la educación básica en México, porque, sin ser falsas, dichas cifras ocultan la realidad de una formación mediocre, promotora del analfabetismo funcional, cómplice del embrutecimiento televisivo, generadora de una mentalidad instrumentalista, unilateral y acrítica, adecuada para la explotación más salvaje en el mercado laboral.

Baste señalar que en la educación primaria ningún niño puede reprobar el ciclo escolar, aunque carezca absolutamente de los conocimientos elementales para pasar al siguiente nivel. Lo único que les importa a las autoridades educativas es que se llegue a la secundaria, para demostrar que en México la educación básica es eficiente y progresiva.

Al contrario del ideal “humanista” que promueve el artículo 3° constitucional, la educación pública de nivel básico en México, resultado de décadas de neoliberalismo en el país, se encarga de formar (en su mayoría) a una infancia y a una juventud ignorantes, indiferentes de las expresiones culturales y artísticas más elevadas, desconocedoras del pensamiento crítico, adoradoras del lucro y del enriquecimiento fácil, cómplices del acoso y la violencia (el 10 de septiembre de 2015, Excélsior informaba que México ocupaba el primer lugar de bullying a nivel internacional). Y, a diferencia de lo que se quiere promover, las cosas no son muy distintas en la educación privada. Sólo basta observar el vergonzoso comportamiento de la infame casta de “mirreyes” y asociados que se multiplican como hongos venenosos en el país, producto fiel del despotismo, la impunidad y la veneración a la riqueza en las que los educan sus escuelas y padres, cómplices, casi todos, del sistema vigente.

Tomando en cuenta esta evaluación absolutamente negativa como punto de partida, uno podría estar tentado a darle la razón al gobierno actual en su interés por proponer un “nuevo modelo educativo” para poner fin a esa situación desastrosa. No obstante, el mal llamado “nuevo modelo educativo” no tiene la menor intención de corregir lo que se ha venido haciendo desde hace más de tres décadas, esto es, promover una educación descentralizada, de la que el Estado federal se desentiende cada vez más en términos presupuestales y administrativos, de tal forma que tiende a traspasar toda la responsabilidad a otras figuras directamente involucradas, como los autoridades de los planteles, los docentes, los padres de familia o el propio mercado. La lógica del “nuevo modelo educativo” es exactamente la misma que ha seguido el Estado neoliberal (en sus versiones priistas y panistas), por lo que no se puede esperar de ella mejores resultados de los que ya se han conseguido (que, como ya se dijo, son totalmente negativos).

Para poder presentar puntualmente las falacias y trampas que encierra esta propuesta educativa, haremos un seguimiento del documento presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que lleva por nombre Modelo Educativo 2016. El propósito principal consistirá en demostrar que, a diferencia de lo que afirma dicha institución, el objetivo del “nuevo modelo educativo” no es, de ninguna manera, poner a la “escuela en el centro”, sino profundizar el proceso de descentralización educativa comenzado hace varias décadas.

1. La ideología detrás del “nuevo modelo educativo”

De las distintas interpretaciones que se han realizado sobre el sustento ideológico del “nuevo modelo educativo”, casi ninguna se ha interesado en resaltar el trasfondo conceptual que sustenta dicha propuesta, la cual recupera ciertos planteamientos del Informe Delors que la UNESCO presentó en 1996 (y que ha sido la base para las distintas reformas educativas realizadas en varias partes del mundo desde hace dos décadas). Se han hecho comentarios sobre su inconsistencia terminológica o sobre su ambigüedad (Roberto Rodríguez, Carlos Imaz, Marisol Silva Laya, entre otros), pero no se ha criticado el soporte conceptual mismo. Esto es lo que trataremos de hacer aquí.

Uno de las temas que aparece de manera recurrente a lo largo de todo el documento de la SEP es que la diferencia principal entre el anterior modelo educativo y el que se propone reside en que el anterior se basa en un esquema “vertical”, el cual no sólo somete a las escuelas a una normatividad definida externamente, sin conocimiento de sus necesidades, sino que, además, “al desalentar actividades no previstas en la normatividad con su carácter vertical, este enfoque ha creado una cultura que frena la creatividad, la innovación y los cambios tendientes a mejorar el aprendizaje” (p. 21). Por el contrario, el nuevo modelo busca poner a la escuela “en el centro”, priorizando las necesidades de los agentes directamente involucrados en ella, por lo que su carácter es más “horizontal” y “democrático”, y promueve la participación creativa de la comunidad educativa.

La idea de que la política educativa definida desde el Estado tiende a ser “vertical”, “autoritaria” e “ineficiente” es precisamente uno de los motivos centrales de la ideología neoliberal. Desde su punto de vista, el Estado es un conjunto de instituciones de carácter burocrático que, mientras más pasa el tiempo y más crece, más ineficiente se vuelve. Sólo la “libertad” de los agentes, estimulados por la realización de sus propios objetivos, puede llevar a un comportamiento “racional” que maximice el beneficio que se pretende extraer de la acción. Este planteamiento proviene del ámbito económico, pero se extrapola sin consideración alguna a todos los demás ámbitos sociales (políticos, administrativos, culturales, educativos, etc.).

El problema es que, de llevar al extremo la aplicación de dicha idea, no habría posibilidad de proponer siquiera un modelo educativo. Una cierta “verticalidad” es necesaria para que un país pueda organizar su sistema educacional. Y eso empieza desde el ordenamiento jurídico. Detengámonos a pensar lo que establece nuestra Constitución.

El artículo 3° constitucional establece que la educación que imparta el Estado deberá ser obligatoria, gratuita y laica. Eso no es algo que esté a discusión, sino que forzosamente debe ser así. Para decretar históricamente esta norma jurídica, sin embargo, tuvo que pasar casi un siglo de debates y confrontaciones políticas en el país (muchas de ellas violentas). No a todos se les hacía evidente que la educación que impartiera el Estado debía tener ese carácter.

En el siglo XIX, cuando Gabino Barreda, creador de la Escuela Nacional Preparatoria, propuso que la educación que impartiera el Estado debía tener el carácter de obligatoria (1875), muchos liberales se opusieron fervientemente a la idea, pues sostenían que eso violentaría el derecho de los individuos y las familias a decidir, actuar y pensar libremente. No obstante, frente a esta tesis, como lo explica Leopoldo Zea, “que considera al hombre como un individuo con derecho a hacer lo que quiera, Barreda opone la tesis de que ‘los derechos de la sociedad están por encima de los derechos del hombre'” (Leopoldo Zea, El positivismo en México: Nacimiento, apogeo y decadencia, FCE, México, D. F., 1968, p. 127). Sin embargo, no fue sino hasta la promulgación de la Constitución de 1917 que este derecho social se elevó a rango constitucional.

Para el pensamiento liberal, el carácter gratuito de la educación también está a debate (sobre todo hoy en día). Esgrimiendo el argumento de la “eficiencia”, los neoliberales sostienen que aquellos individuos que pagan por una educación se esmeran más a la hora de participar en el esfuerzo de aprendizaje que ella implica y, a la vez, son más exigentes con las condiciones de infraestructura y docencia en la que se desarrolla ese proceso. Pero la educación que imparte el Estado, según lo establece la Constitución, debe ser gratuita, y esto no puede ser de otra manera, a pesar de las ideas de distintos personajes que se oponen a ello.

Finalmente, en lo que respecta a la laicidad de la educación, es evidente que todavía existen muchos grupos religiosos que consideran este principio como una afrenta a sus creencias. Por eso, el establecimiento definitivo de esta norma fue resultado de una lucha cruenta en nuestro país (la Guerra de Reforma), y tuvo que ser asimilada (con enorme disgusto) por el bando perdedor (los conservadores).

Además de todo esto, el Estado está obligado a garantizar “la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos” (Art. 3° de la Constitución). La SEP define los planes y programas de estudio de los distintos niveles educativos, organiza los calendarios escolares, contrata a profesores y administrativos para que se hagan cargo de la actividad docente y del cuidado de las labores y la infraestructura correspondiente, etc. Todo eso sigue y seguirá definido por el Estado, el cual, por cierto, no es un “agente externo”, sino el representante de los intereses de la sociedad en su conjunto.

Criticar la “verticalidad” del modelo educativo en México sólo es, en realidad, una treta que pretende allanarle el camino al proceso descentralizador neoliberal que, como lo veremos en el segundo artículo de esta serie, no busca poner a la “escuela en el centro”, tal como insiste el documento de la SEP, sino, justo al contrario, como lo señala Lev Moujahid (“Escuelas al CIEN: hipotecar presupuesto y patrimonio educativo”, Contralínea, 16/II/2016), lo que intenta es colocar al “mercado en el centro”.

El otro concepto que funge como sustento ideológico de toda la propuesta del “nuevo modelo educativo” es aquél que se ha introducido bajo el lema de “aprender a aprender”. En realidad, éste es sólo uno de los principios esbozados en el Informe Delors de la UNESCO, el cual incluye 4 en total: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Tanto en el documento del Modelo educativo 2016, como en la Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016, la SEP reconoce los 4 principios, aunque por razones propagandísticas sólo le ha dado peso al primero. El primer concepto, learning to know (aprender a conocer), se tradujo equivocadamente como “aprender a aprender”, aunque este lema también aparece en el Informe Delors (learning to learn) como parte integrante del primer principio. Pero, más allá de estas sutilezas, lo importante es explicar el sentido de esta perspectiva.

La idea subyacente al concepto de “aprender a aprender” (y que ya se desarrolla en el Informe Delors) es que en la sociedad contemporánea, abrumada por un vertiginoso desarrollo técnico y científico, es cada vez más difícil establecer contenidos fijos que sirvan como base para un currículo común de la educación básica y media superior. El problema no es sólo la enorme cantidad de conocimientos acumulados (antiguos y nuevos), sino sobre todo su modificación constante. Por esa situación, el informe (al igual que la SEP) propone una educación centrada en las técnicas de aprendizaje para que el estudiante pueda desarrollar habilidades personales que le permitan enfrentarse a ese mundo complejo y cambiante en un proceso de “educación permanente” (lifelong learning). En lugar de poner el énfasis en los contenidos educativos, se resalta la importancia de desarrollar capacidades de “autoaprendizaje”. “El propósito –dice la SEP en la Propuesta curricular– es que los alumnos desarrollen autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades para relacionarse con otros y capacidad para tomar decisiones responsables” (pp. 23 y 25).

Así dicho, parece que no hay nada malo en el fundamento teórico. No obstante, la acentuación en el proceso “autoaprendizaje” es una respuesta del Informe Delors a la situación económica cambiante de los años 80 y 90, décadas en las que se expandieron las políticas neoliberales, por lo cual el mismo informe llama la atención sobre la “flexibilidad” del mercado laboral y la importancia de adaptación a la “economía global” ( cf. Moosung Lee & Tom Friedrich (2011): Continuously reaffirmed, subtly accommodated, obviously missing and fallaciously critiqued: ideologies in UNESCO’s lifelong learning policy, International Journal of Lifelong Education, 30:2, 160).

Que el aprendizaje sea “flexible” significa que la extensión de los contenidos curriculares debe ser disminuida para que el estudiante se enfoque en los procesos formales de aprendizaje que le permitan adaptarse mejor al mercado laboral y a sus necesidades. Por eso, en la Propuesta curricular, la SEP insiste en concentrarse en “conocimientos claves”, sin profundizar mucho en ellos, con el claro propósito de contar con un bagaje “básico” que permita al estudiante enfrentarse al “mundo cambiante de la economía global”.

Por otro lado, el llamado “autoaprendizaje” tiende a delegar paulatinamente la función del conocimiento al estudiante, mientras que el Estado se desentiende cada vez más (aunque nunca totalmente) de los contenidos específicos que se deben enseñar. Sin desconocer la importancia de un proceso de creciente autonomía en el desarrollo educativo y cultural del individuo, éste sólo se puede desplegar responsablemente dentro de la sociedad, si ésta última le transmite una serie de contenidos, conocimientos y valores amplios y extensos, que considera fundamentales para su evolución intelectual y moral.

Reducir contenidos educativos para adaptar al individuo a la competencia económica del mercado laboral actual significa condenarlo a los vaivenes del capitalismo contemporáneo, sin dotarlo de las herramientas culturales y formativas críticas necesarias para hacerle frente. El Estado no sólo debe dedicarse a ofrecer “conocimientos claves” para la actualidad, sino que, dentro de su sistema educativo, debe proveer a los individuos de conocimientos que estén más allá de esas necesidades básicas, predefinidas por el mercado, con la finalidad de formar individuos capaces de pensar y construir una sociedad mejor de la que actualmente existe. El individuo no debe “adaptarse” pasivamente a la realidad económica, sino que debe ser capaz de proponer alternativas para modificarla en beneficio de la mayoría.

*Carlos Herrera de la Fuente (México, D. F., 1978) es filósofo, ensayista y poeta. Licenciado en economía por la UNAM y doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg, Alemania. Ha publicado dos poemarios (Vislumbres de un sueño, 2011 y Presencia en fuga, 2013) y un ensayo de filosofía (Ser y donación. Recuperación y crítica del pensamiento de Martin Heidegger, 2015). Ha colaborado en las secciones culturales de distintos periódicos y revistas nacionales. Su próxima publicación será el ensayo El espacio ausente. La ruta de los desaparecidos.

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