ONG piden a Trudeau plantear situación de DH en México

Emir Olivares Alonso/La Jornada|jueves, 12 oct 2017 13:17. Ciudad de México. Un centenar de organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la que le solicitan que en el marco de su visita a México, los días 12 y 13 de octubre, aborde ante el titular del Ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto, “la alarmante” situación que el país enfrenta en materia de derechos humanos.

“Como es probable que usted sepa, durante los últimos diez años México sufre niveles alarmantes de violencia e impunidad. El despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública en el marco de la guerra contra las drogas ha fomentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes atroces dado que las fuerzas armadas no se han limitado únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a las policías”.

Las agrupaciones que suscriben la misiva enfatizaron que los saldos de la estrategia de seguridad “han sido devastadores”, pues desde 2006, la Procuraduría General de la República (PGR) ha contabilizado 5 mil 910 averiguaciones previas por tortura y las fiscalías estatales han registrado al menos 6 mil 262. Pese a esos datos, señalaron, hasta el momento solo existen ocho sentencias condenatorias en torno a este delito.

Remarcaron que también ocurren hechos “extremadamente violentos y atentados contra el derecho a la vida a un nivel intolerable”. Desde 2006, año en que inició la estrategia contra el crimen organizado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 77 recomendaciones en las que se documentan hechos de asesinatos.

En tanto que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que, de acuerdo a cifras oficiales, se han registrado más de 150 mil homicidios intencionales entre 2006 y 2015.

La carta es suscrita por Artículo 19, los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, entre otras, donde también se detalló el contexto de las desapariciones forzadas en el país.

“Existen serias dificultades para la prevención, investigación y sanción de las mismas, así como para la búsqueda de las personas desaparecidas. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 32 mil 943 personas desaparecieron desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, incluyendo 8 mil 525 mujeres y 5 mil 985 menores de edad”.

Pese a ello, lamentaron, la PGR sólo ha iniciado 598 averiguaciones previas por este delito y hasta el momento sólo se han emitido nueve sentencias condenatorias por desaparición forzada. “De manera preocupante, de acuerdo a datos de 19 procuradurías estatales del país, existe un total de 1 mil 075 fosas clandestinas y 2 mil 14 cuerpos exhumados del año 2007 al 2014”.

Agregaron que la violencia e impunidad han propiciado el desplazamiento interno forzado de al menos 310 mil 527 personas en México.

“Dichas cifras revelan que los atroces hechos ocurridos o sujetos a investigación durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, no son casos aislados, por el contrario, son hechos generalizados que evidencian a instituciones que no quieren o no son capaces de investigar y perseguir estos crímenes”.

Señalaron su preocupación por el hecho de que gran parte de las violaciones graves a derechos humanos en el país se cometan bajo un contexto de militarización de la seguridad pública. “Hemos documentado una actuación recurrente de las fuerzas armadas mexicanas: el uso indebido de la fuerza, ejecuciones arbitrarias de civiles rendidos o indefensos, alteración de evidencias y ocultamiento de pruebas, seguido de una estrategia mediática para distorsionar los hechos y criminalizar a las víctimas”.

Aprovechando la visita del canadiense a México, las organizaciones civiles quisieron exponer su preocupación por la probable aprobación de una Ley de Seguridad de Interior. Ésta “tiene como propósito facultar a las fuerzas armadas del país en tareas de seguridad pública e incluso pretende que las mismas puedan llegar a suplantar las tareas de la policía llegando a ampliar las facultades para que el Ejército y la Marina puedan tener competencias ministeriales y judiciales. Tememos que con esta Ley la autoridad civil termine cediendo a las acciones militares y de que se perpetúe la impunidad de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas”.

Otro caso de violaciones a derechos humanos planteado en la carta a Trudeau por las ong es el de los migrantes en tránsito. Destacaron que no hay cifras oficiales que den cuenta de la problemática, pero hasta el momento se han documentado tres masacres de migrantes, con cerca de 314 víctimas, las cuales permanecen en la impunidad.

También expresaron su preocupación por la ausencia de medidas preventivas y de investigación efectiva, así como la permanencia de todo tipo de violencia y discriminación, contra mujeres, siendo el feminicidio la máxima expresión; la violencia cometida contra niños, niñas y adolescentes; personas LGBTTTI; pueblos indígenas y pueblos en defensa de su territorio ancestral.

“A ello se suma las constantes violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en el contexto de la actividad empresarial”.

La situación de los periodistas y defensores es otro de los puntos expuestos. “Desde que Peña Nieto asumió su cargo, se han registrado 38 asesinatos de periodistas, lo anterior, a pesar de que el mandatario anunció oficialmente en mayo de 2017 las ‘Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores’. Pese a ello, en lo que va del 2017, se han documentado 11 asesinatos contra periodistas, 6 de ellos corresponden a mujeres. Esto demuestra que las acciones anunciadas por el presidente parecen solo actos de retórica sin indicadores de impacto efectivo”.

Agregaron que 106 personas defensoras han sido asesinadas y 81 desaparecidas, lo que evidencia que las acciones del Estado para promover y proteger la defensa de derechos humanos no han sido efectivas a pesar de los compromisos asumidos.

“Es importante destacar, que las agresiones que enfrentan en México las y los periodistas y las personas defensoras, como lo son amenazas, allanamientos, censura, deslegitimación de su trabajo, acoso judicial y espionaje, son un reflejo de la falta de una política integral de protección y prevención a ataques hacia víctimas, personas defensoras y periodistas”.

Ante esta compleja situación que México vive, las organizaciones llamaron al primer ministro de Canadá para que su país, “cuyo pilar de la democracia se ha basado en el respeto de los derechos humanos”, promueva el respeto de los mismos con sus naciones aliadas, como lo es México.

“Cada año su país mantiene un papel crítico y activo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha contribuido en el fortalecimiento del mismo, ha promovido la escrupulosa aplicación de los mecanismos de protección de derechos humanos y ha demostrado ser firme ante cualquier amenaza que ponga en riesgo su independencia, imparcialidad. Es por ello que de la manera más atenta le solicitamos:

“Fortalecer la asociación bilateral con México garantizando que los esfuerzos y las acciones conjuntas, contribuyan en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de ambos países. De igual manera, le llamamos a instar al jefe del Estado mexicano a emprender soluciones estructurales y duraderas para que sus instituciones combatan la preocupante impunidad prevaleciente en México.

“Promover el cumplimiento de las 14 recomendaciones dirigidas al gobierno de México por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular, la que se refiere al establecimiento de un Consejo Asesor contra la Impunidad. Ante la falta de capacidad e imparcialidad para investigar actos de corrupción y violaciones a derechos humanos, México necesita de un mecanismo internacional, independiente e imparcial, compuesto por personas expertas que coadyuven con el Estado Mexicano para generar instituciones de procuración y administración de justicia capaces de revertir los alarmantes índices de corrupción e impunidad por violaciones a derechos humanos que existen en el país.

“Confiamos en que su gobierno, reconociendo la importancia fundamental de los Estados a prestar ayuda mutua de conformidad con sus obligaciones internacionales, ayudará a México a combatir la corrupción e impunidad a través de la promoción del establecimiento del Consejo Asesor y de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad con una composición internacional.

“Promover, dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otras instancias multilaterales, un diálogo respecto de la preocupante situación de violaciones a derechos humanos en México, con miras a plantear soluciones estructurales e integrales al contexto que vive el país. Manifestar la importancia que tienen las víctimas, las personas defensoras de derechos humanos, y la sociedad civil mexicana en la construcción de un estado de derecho, solicitando al gobierno mexicano que garantice amplios, efectivos y transparentes espacios de consulta, participación y evaluación de la sociedad civil en políticas públicas y otros temas relacionados con derechos humanos”.

También le solicitaron promover la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU siguiendo las observaciones hechas por el Grupo de Trabajo de la ONU en la materia al final de su visita al Estado canadiense. México está en un proceso de implementación de dichos Principios a través de un Programa Nacional. La implementación constituye una oportunidad para atender los niveles de impunidad con la que operan entes públicos y privados que han causado abusos y violaciones a derechos humanos por sus actividades empresariales. Siendo que México no cuenta con un mecanismo de identificación y sanción a los responsables de dichos abusos, ni con mecanismos efectivos para el acceso a la justicia de personas que resultan afectadas, esta política pública tiene el potencial de fomentar el respeto de los derechos humanos como eje primordial del desarrollo y de todo tratado comercial y de inversión”.

Finalmente le pidieron a Trudeau que su administración haga una revisión sobre la eficacia de los lineamientos y compromisos adquiridos por el Estado canadiense en materia de respeto a los derechos humanos en sus actividades empresariales y operaciones en el exterior y en su cadena de valor, incorporando el proceso de debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y remediar impactos negativos en derechos humanos en todos los sectores, particularmente en el extractivo, tomando en cuenta que la mayoría de las empresas mineras operando en México son canadienses.

“Es importante mencionar que en el marco del diálogo debe darse esta conversación teniendo en consideración la modernización, actualización y renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde también debe ponerse énfasis en el respeto a los derechos a la tierra, territorio y medio ambiente de comunidades agrarias, indígenas y equiparables, así como en las afectaciones específicas en estos contextos a los derechos de las mujeres y los riesgos de las personas defensoras comunitarias frente a la actividad empresarial”.

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