Organizaciones repudian envío de agentes de la Gendarmería a la frontera sur

POR MATHIEU TOURLIERE , 13 ABRIL, 2018/CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones defensoras de derechos humanos repudiaron hoy el envío de agentes de la Gendarmería Nacional en la frontera sur, “luego de la exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno federal de frenar el flujo de migrantes en México” y apenas dos días después que el magnate desplegara militares de la Guardia Nacional en su frontera con México.

El colectivo Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) denunció que el anuncio realizado el martes pasado por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, contradice la postura que asumió el presidente Enrique Peña Nieto cuando condenó la decisión de Trump de militarizar la frontera norte.

Más allá del supuesto alineamiento del gobierno federal con las exigencias del mandatario republicano, el colectivo advirtió que el despliegue de la Gendarmería Nacional en la frontera sur profundiza la política de criminalización de la migración forzada proveniente de Centroamérica.

La organización recordó que las violaciones a los derechos humanos de los migrantes incrementaron a raíz del Programa Frontera Sur, que Peña Nieto lanzó en verano de 2014, poco tiempo después que el gobierno de Estados Unidos declaró una “crisis humanitaria” ante la llegada de miles de niños centroamericanos indocumentados.

Tras el arranque de este programa –diseñado por la Secretaría de Marina (Semar)– el Instituto Nacional de Migración (INM) multiplicó los operativos antimigrantes en los estados fronterizos y aplicó una política de detención y deportación sistemática de los indocumentados centroamericanos.

Pese a las repetidas condenas de las organizaciones defensoras de derechos humanos, el INM deportó a 588 mil 114 indocumentados de esa región entre 2013 y 2017.

Organizaciones, académicos y expertos denunciaron que el gobierno federal endureció su política migratoria para complacer a Washington; el gobierno siempre lo negó. En noviembre de 2015, Emilio Álvarez Icaza, entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), deploró que “el blindaje del río Bravo se trasladó al río Suchiate” en la frontera entre México y Guatemala.

“Preocupan las similitudes entre la decisión actual de Segob de desplegar las fuerzas de la Gendarmería Nacional y el anuncio del Programa Integral Frontera Sur en su momento, pues ambas acciones se anunciaron de forma reactiva sin ningún documento público que las sustente, permitiendo así su ejecución de forma discrecional y bajo total opacidad”, planteó la Red TDT.

“A estas estrategias se suma la escalada de la militarización en la región fronteriza entre México y Centroamérica, tras el anuncio de la posible instalación de una base de apoyo militar del Comando Sur de Estados Unidos en el departamento de Petén, Guatemala, en abril 2017”, deploró el colectivo.

El contexto

El anuncio de Navarrete y Velasco sucede en medio de una nueva crisis en la relación bilateral de México con Estados Unidos, con la migración indocumentada como telón de fondo.

El pasado 1 de abril, Donald Trump despotricó en su cuenta de Twitter contra la caravana “Viacrucis del Migrante”, que recorría México para visibilizar la precariedad y la migración y denunciar su criminalización. El magnate pidió que se detuviera la caravana y amenazó con parar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

El gobierno federal aparentemente cedió al chantaje: el INM detuvo y deportó a 400 integrantes del Viacrucis a sus países de origen.

Trump se jactó de inmediato que él había obligado el gobierno mexicano a deportar a los migrantes y disolver la caravana. Poco tiempo después, envió una segunda bofetada a Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray Caso, al anunciar que resguardaría la frontera con militares.

Mal paradas, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) afirmaron el pasado 3 de abril que la caravana se disolvió por decisión de sus integrantes, e insistieron en que la política migratoria de México “se ejerce de manera soberana”.

Dos días después, Peña Nieto dio un “mensaje a la nación” en el que asumió una postura aparentemente firme hacia Trump: apeló a la “dignidad” y la “soberanía” de México, y reviró al magnate que “si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos”.

Y el pasado 20 de marzo, Navarrete Prida confirmó que el gobierno federal toma la migración con el enfoque de la seguridad nacional y no de derechos humanos: nombró al frente del INM a Gerardo Elías García Benavente, entonces secretario general del Centro de Inteligencia en Seguridad Nacional (Cisen) y agente de inteligencia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.

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